miércoles, 12 de junio de 2013

La salud en crisis y el 'modelo valenciano'



POR INMA GISBERT



El Sistema Nacional de Salud en España (SNS) surge con la aprobación de la Constitución Española en 1978 en la que se reconoce por primera vez el derecho a la protección de la salud y en 1986 se aprueba la Ley general de salud que define como principios del SNS la universalidad en el acceso, la descentralización de la gestión, la equidad en el acceso de los servicios, la financiación pública y la participación social.
El principio de universalidad hace referencia al acceso a los servicios y prestaciones de salud de toda la ciudadanía y esto implica uno de los cambios más significativos con respecto al modelo anterior pasando de un modelo de aseguramiento financiado por el Sistema de Seguridad Social en el que la persona que cotiza tiene derecho a la atención sanitaria a uno universal en el que todas las personas tienen derecho a la atención sanitaria. En 1997 se aprueba la Ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social y en 1999 el SNS pasa a ser financiado por impuestos. A pesar de ello, seguimos diciendo que hemos ido al “médico de la seguridad social”, supongo que esto es un reflejo de la falta de información de cómo funcionan nuestras instituciones públicas.
Posteriormente, en el año 2000 se extendió la cobertura a la población extranjera residente en España independientemente de su situación administrativa con la única condición de estar empadronados. Esta situación ha cambiado recientemente con la aprobación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS por el cual se excluyen de la atención sanitaria las personas inmigrantes residentes en España en situación administrativa irregular. En este Real Decreto se vincula la atención sanitaria con la condición de asegurado quedando limitada la atención a las personas que ostenten la condición de aseguradas, a pesar de cómo ya se dijo antes el Sistema de Salud no se financia desde el año 1999 por la Seguridad Social.
A partir del año 1981 y cumpliendo con el segundo de los principios comienza el proceso de descentralización que quedará completado en el año 2002 por el que se transfieren las competencias en salud a las comunidades autónomas quedando conformados diecisiete sistemas regionales de salud convirtiéndose en uno de los sistemas más descentralizados del mundo, hecho que genera diferentes opiniones, desde las que apuntan a la mejora de la gestión a nivel local y la mejor adecuación de los servicios por la cercanía al usuario/a, hasta las que afirman que tener diecisiete sistemas de salud es más caro. No se dispone todavía de una evaluación que permita saber realmente, probablemente algo tenga que ver que el proceso de descentralización se realizó más por motivos políticos que técnicos.
En el marco de este proceso se creó nuestro Servicio Valenciano de Salud en el año 1987 siendo la Comunidad Valenciana la quinta en asumir las competencias aunque en lo que sí parece que fuimos de las primeras es en desarrollar modelos de servicios sanitarios de financiación público-privada. En 1997 la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS abrió la puerta a este tipo de iniciativas y en el caso de nuestra Comunidad se inició en la comarca de La Ribera un modelo de hospital público con gestión privada siendo el primer hospital de este tipo que ha pasado a ser conocido como “Modelo Alzira”.
En este hospital se adjudicó la asistencia sanitaria especializada a una Unión temporal de empresas (UTE) constituida por la aseguradora privada Adeslas, un grupo de cajas de ahorros y empresas constructoras durante diez años prorrogables a otros cinco. El contrato incluía la construcción, equipamiento y gestión del hospital. Este modelo comenzó a funcionar el 1 de enero de 1999 y se financiaba por un modelo capitativo (se paga una cantidad por habitante censado en el área de atención del hospital) aunque se le dio la posibilidad de atender a personas de fuera del área de atención y facturar a la Generalitat Valenciana por procesos atendidos.
En solo cuatro años los malos resultados financieros acumulados, 5,24 millones de euros de pérdidas, unidos a problemas en el diseño del contrato motivaron la renuncia por parte de la UTE y la indemnización por parte de la Generalitat Valenciana por “lucro cesante”, es decir, por lo que deja de ganar por el incumplimiento del contrato pero,  ¿quién incumplió el contrato?
Se podría pensar que con este resultado se acabó el modelo, pues no, se volvió a sacar a convocatoria pública y se adjudicó a la misma UTE, Ribera Salud, con mejores condiciones financieras para la empresa, una ampliación del periodo de contrato (15 años prorrogables a 5) y la inclusión de la Atención Primaria en la concesión lo que lo convertía en el negocio perfecto ya que al gestionar la atención primaria tienen el control de la demanda de personas que son derivadas al hospital.
El “Modelo Alzira" ha inspirado a otros hospitales en otras Comunidades Autónomas, principalmente en la Comunidad Valenciana (un 20% de la población valenciana recibe atención en este tipo de hospitales), en la Comunidad de Madrid y recientemente en Castilla La Mancha. El argumento  principal es la mayor eficiencia de la gestión privada que, en un contexto de crisis económica como la actual parece muy “vendible” aunque debería ser difícil vender un modelo que tuvo que ser “rescatado”, pero claro, si rescatamos a los bancos cómo no vamos a rescatar a un hospital, pero que no se entere nadie.
Tan popular se hizo el “Modelo Alzira” que logró poner a “Valencia en el mapa”, como quiere nuestra alcaldesa, y un equipo del Sistema de Salud del Reino Unido lo visitó en marzo de 2011 para valorar su aplicación en aquel país. El equipo valoró positivamente los resultados comparándolos con otros hospitales de la Comunidad, aunque sin tener en cuenta que el Hospital de Alzira no brinda todos los servicios y deriva a pacientes a otros hospitales, pero concluía que el modelo era difícilmente exportable al Reino Unido, entre otras cosas por la excesiva flexibilidad en la negociación de las condiciones del contrato entre la autoridad sanitaria y los proveedores y su “excesiva cercanía” que podría reducir la efectividad de la vigilancia que deberían realizar, dicho en otras palabras, se veía claramente una falta de transparencia tanto en la adjudicación como en el control por parte de la Generalitat Valenciana.
El tercer principio es la equidad que implica el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva así como la orientación de la política de salud a la superación desigualdades territoriales y sociales. El Sistema incorpora mecanismos para garantizar la equidad y la calidad de los servicios sanitarios como es el Consejo Interterritorial o el Fondo de Cohesión Sanitaria, aunque en los últimos años se han ido observando diferencias tanto en las prestaciones sanitarias entre regiones como en el gasto sanitario por habitante siendo la Comunidad Valenciana la que menos invierte en salud según un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de este año. Este análisis muestra que hay más de 500 euros de diferencia per cápita entre la Comunidad que más destina que es el País Vasco con 1.551,7€ y la Comunidad Valenciana con 965,4€. Otro estudio reciente elaborado por UGT que analiza el sistema valenciano muestra que la puesta en marcha de modelos de gestión privada ha aumentado la precariedad laboral del personal sanitario, ha producido más demoras en las citas con especialistas y en las pruebas diagnósticas y, lo más grave de todo, 2.750 personas fallecen al año por razones exclusivamente imputables a las deficiencias del servicio público de salud de la Generalitat Valenciana. Estos datos muestran cómo las políticas puestas en marcha en nuestra Comunidad han acabado con el principio de equidad.
La Ley General de Sanidad orienta el gasto sanitario mediante financiación pública a la corrección de desigualdades sanitarias que garanticen el acceso y la equidad en todo el Estado Español, como ya hemos visto, la desigual inversión en salud y la aplicación de modelos gestionados por empresas lucrativas que como son financiadas por un modelo capitativo su principal objetivo es que los y las pacientes no “consuman” servicios hacen que las desigualdades en salud aumenten.
El SNS preveía la creación de espacios para la participación social en la gestión de la salud como los Consejos de Salud de Área, pero se desconoce si se ha logrado su formación de manera generalizada. Ante esta falta de participación ciudadana en la gestión de la salud y dado el contexto actual de crisis económica y de recortes sociales, la participación o “reacción ciudadana” ha aumentado en el último año como respuesta a los cambios que se están dando en el SNS. Uno de los detonantes ha sido la aprobación del Real Decreto 16/2012 que excluye de la atención sanitaria a las personas inmigrantes residentes en España en situación administrativa irregular, que ha provocado el desarrollo de iniciativas a nivel estatal y en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, de Objeción de conciencia por parte de algunos/as profesionales para la no aplicación del Real decreto y seguir atendiendo pacientes, la creación del Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana (http://odusalud.blogspot.com/) que realiza un informe trimestral sobre los casos en los que se vulnera el derecho a la salud y la campaña de la ONGD Médicos del Mundo “El derecho a curar” (http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/) entre otras que realiza un seguimiento de la aplicación del Real Decreto a la vez que denuncia los casos que no son atendidos y sensibiliza a la población sobre esta situación.
Ha costado más de 30 años en construir el SNS , el nuestro, el valenciano, es un poco más joven pero no por ello más sano, las políticas que se han llevado a cabo han abierto claramente la puerta a la sanidad privada. Uno de los argumentos de la descentralización es que los servicios estén más cerca de la ciudadanía, pues estemos también nosotras y nosotros más cerca de nuestro sistema, informándonos y participando a ver si conseguimos cuidarlo porque el pronóstico no es muy bueno.

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